EL CACIQUISMO

El cacique, pieza básica en el entramado político local y centro de las críticas regeneracionistas, el «cuerpo extraño» de la nación, según Costa, que debía ser extirpado para lograr la revolución pendiente. Desde hace años, sin embargo, los historiadores parecen estar de acuerdo en una interpretación que sitúa el caciquismo no como un parásito adosado al organismo sano de la sociedad, ni como un mero transmisor del  «bloque de poder» monolítico sobre una población apática y analfabeta, sino central para entender  la cultura política de la Restauración y las raíces sociales del poder. 

Era una práctica conocida desde el inicio de la construcción del Estado liberal, bien asentada a lo largo del reinado de Isabel II. Existía en los países de nuestro entorno, sobre todo en los del ámbito mediterráneo, como muestran los casos de Italia y Portugal o incluso, aunque en otra escala, el de Francia. Un modelo clientelar, desarrollado en Estados centralizados y urbanos, con una Administración moderna pero de recursos limitados, que no habían completado el proceso de nacionalización y coexistían con sociedades predominantemente agrarias en las que el poder estaba fragmentado en parcelas locales, espacios políticos donde subsistían identidades previas comunitarias y lazos tradicionales de carácter corporativo.

Debemos abandonar la visión tradicional que estudiaba el sistema político en dirección descendente, de arriba abajo, y se observa en sentido ascendente, partiendo desde los poderes locales y la estructura social y económica de las comunidades rurales, era mucho más que un recuento de artimañas electorales, coacciones, fraudes, pucherazos y sacos de duros que compraban votos y voluntades en un entorno rural pasivo y desmovilizado. 

Las actitudes de conformidad y deferencia de los campesinos formaban parte de una estrategia que tenía un objetivo básico, la reproducción de la unidad familiar y el acceso a los recursos de la tierra y a los servicios de la comunidad local. Para ese fin, los vecinos de los pueblos, conscientes de lo que podían esperar de la política oficial, de un Estado percibido como algo lejano y extraño, se dependía de  una red de relaciones personales, en el ámbito de una cultura escasamente letrada, el cliente, a cambio de fidelidad, esperaba del patrón beneficios relacionados con la tenencia de la tierra, el precio de los arrendamientos, préstamos de capital, empleos estables y reparto de jornales. Y también toda una serie de ventajas administrativas, utilizadas de un modo arbitrario, resumidas en una famosa sentencia: al amigo el favor, al enemigo la ley.

Por eso era tan importante el control político de los ayuntamientos. De ellos salían la confección de los censos y el amillaramiento, los repartos de impuestos, las condiciones de disfrute de los bienes comunales, los permisos de tala, la educación primaria, las listas de pobres, las ayudas de carácter benéfico, el acceso al pósito, el padrón y las operaciones de quintos, el control de la guardería rural, las licencias de actividades económicas y contratas de obras y los jornales para obras públicas. 

Las relaciones clientelares se extendían también a los juzgados municipales, las diputaciones provinciales y, por supuesto, los gobiernos civiles, todo un entramado local y provincial de intermediación que tenía su corolario en la vida cotidiana de las Cortes. Allí, diputados y senadores actuaban como mediadores entre las demandas de sus distritos de origen y el presupuesto del Estado, sabedores de que su continuidad dependía, en parte, del logro de concesiones colectivas como un puente, una carretera, un tramo de una vía férrea, una escuela, un puesto de la guardia civil o una ayuda para paliar los daños de una catástrofe natural. Prueba de ello eran las quejas de los distritos «huérfanos», los que no tenían un valedor conocido e influyente. 

Texto levemente modificado de Historia de España en el siglo XX de Julián Casanova & Carlos Gil Andrés, Ariel,  2009, pág 21.